- Colectivos, organizaciones, personalidades científicas y ciudadanos se unen para rechazar los programas electorales negacionistas y denunciar su objetivo de bloquear la transición ecológica necesaria
- El movimiento demanda una gobernanza más democrática ante la emergencia climática, basada en el conocimiento científico y la participación ciudadana
- “La próxima legislatura será crucial para frenar los peores impactos del cambio climático, en las políticas climáticas hay que seguir avanzando y no podemos permitirnos ni un paso atrás”, alertan
Con el lema «El negacionismo es tan peligroso para el clima como para la democracia», el movimiento Democracia por el Clima recuerda sus demandas en el manifiesto «Ampliar la democracia para hacer frente a la emergencia climática”. Las organizaciones destacan que en estas elecciones hay muchas diferencias entre las propuestas de cada partido, desde los que proponen medidas más en línea con la ciencia, los que proponen paralizar la acción climática, hasta los que proponen ir marcha atrás: contra la ciencia y la democracia. Y hacen un llamamiento a votar por el planeta y por las personas, recalcando que, en un escenario de extrema emergencia climática, no hay tiempo para cuatro años de políticas negacionistas y retardistas que tergiversan o ignoran las recomendaciones de la comunidad científica internacional.
A menos de una semana para las elecciones generales, decenas de colectivos sociales, organizaciones ecologistas, representantes de la comunidad científica y representantes de la Asamblea Ciudadana por el Clima se unen para hacer un llamamiento a las urnas en contra del negacionismo climático. El Gobierno resultante de estas elecciones deberá cumplir con el Acuerdo de París y limitar la subida de la temperatura global a 1,5ºC. El movimiento climático reclama a todos los partidos políticos un compromiso democrático claro con los objetivos de descarbonización fijados por estos acuerdos internacionales en 2015 y con las recomendaciones más recientes de la comunidad científica internacional formuladas en el sexto informe del IPCC en 2022.
No se puede negar la evidencia científica de la crisis climática
Los colectivos reunidos recuerdan que se atraviesa un momento crítico y que, en el contexto europeo, España es uno de los países más vulnerables a la emergencia climática, con veranos cada vez más largos, olas de calor cada vez más frecuentes y el aumento de la mortalidad que conllevan. El conjunto del territorio está expuesto a la desertificación en un 75% de su superficie. En este contexto, la crisis climática debe estar en el centro del debate electoral y de la democracia, porque se trata, como expresó el secretario general de la ONU, de «un código rojo» de alerta para la supervivencia de la humanidad. Todos los colectivos reunidos exigen que la ciencia se reconozca como fuente de información y análisis de escenarios para la toma de decisión pública. La comunidad científica internacional recomienda enfrentar esta crisis que afecta a la supervivencia colectiva, teniendo en cuenta un criterio de justicia climática, porque no todas las personas ni todos los países la sufren de la misma forma, especialmente los grupos y territorios más vulnerabilizados, las mujeres, la infancia y los colectivos con diversidad. En el Estado español la situación cada vez es más crítica, se aceleran las señales de alarma (aumento de récords de temperatura) y los desastres asociados (más de 11.000 muertes en España por las olas de calor en 2022).
Ya no hay tiempo para negacionismos, ni para retardismos, ni para deslegitimar las recomendaciones de la comunidad científica internacional formuladas en el último informe del IPCC. Los colectivos afirman de manera unánime que “la crisis climática ya está aquí y se deben tomar medidas valientes y ambiciosas para afrontarla. No nos podemos permitir un Gobierno que vaya en contra de la evidencia científica. Necesitamos acelerar la acción climática ya”.
Más acción climática basada en la ciencia, más democracia, más participación ciudadana
Se hace urgente construir un espacio más democrático y más participativo para proteger una transición justa contra los vaivenes partidistas, las controversias retardistas y las polémicas negacionistas que buscan malintencionadamente el bloqueo de las medidas relativas a la transformación ecológica profunda de la sociedad. Como ha recomendado el Consejo de Europa, la participación de la ciudadanía y la sociedad civil en la acción climática institucional es una herramienta clave para luchar contra el negacionismo climático y la polarización.
Una gobernanza más democrática y más participativa para hacer frente a la extrema emergencia climática se funda en la incorporación de la ciudadanía y de todos los actores implicados en la toma de decisiones públicas. Para ello, Democracia por el Clima reclama reforzar todos los mecanismos de participación ya existentes, como el Consejo Nacional del Clima y los actuales instrumentos de participación en planes y proyectos nacionales, regionales y locales. La formación y puesta en marcha del Comité de Personas Expertas de Cambio Climático, previsto por la ley aprobada en 2021, debería ser una de las prioridades para el gobierno que salga de las urnas.
El movimiento climático también exige avanzar en una democracia ambiental fundada en la participación de la ciudadanía, en la dirección que inició en 2022 la Asamblea Ciudadana por el Clima, que elaboró 172 medidas que han demostrado estar a la altura de las recomendaciones de la ciencia y de los actores sociales. En toda Europa se están elaborando procesos de participación institucionalizada de la ciudadanía en la acción ambiental para construir la aceptabilidad social, la equidad y la perdurabilidad de las profundas reformas que tenemos que emprender para hacer frente a la crisis climática.
Un 84% de la población española considera que la crisis climática es la mayor amenaza actual y que los gobiernos no actúan lo suficiente. De hecho, el Estado español tiene que hacer todavía un mayor esfuerzo, pese al impulso de las renovables, para alcanzar el objetivo de un 55% de reducción de emisiones de GEI para 2030 marcado por la Unión Europea. El Gobierno que saldrá de las urnas el 23 J tendrá que actuar en esta dirección porque la realidad de la crisis climática no se puede derogar.
En definitiva, todas las organizaciones piden que se afronte la crisis climática de una forma más justa, más rápida, más participativa y más democrática, y que se ponga fin a la inversión en combustibles fósiles. Para ello, declaran, “es necesario un Gobierno que esté a la altura: hay que seguir acelerando, no podemos permitirnos ni un paso atrás” y por eso piden que se vote por el planeta y las personas.
